Abogado Incapacidad Permanente en Barcelona y Mataró

La incapacidad permanente es la prestación que reconoce el INSS cuando una enfermedad o lesión reduce de forma duradera tu capacidad de trabajo. Se concede en cuatro grados —parcial, total, absoluta y gran invalidez— y la cuantía depende de tu base reguladora y del grado reconocido. Si el INSS te la deniega, dispones de 30 días para presentar la reclamación previa antes de acudir al Juzgado de lo Social.

Bcngest Abogados asesora y defiende a trabajadores en la tramitación y reclamación de la incapacidad permanente en Barcelona y Mataró. Si una enfermedad o un accidente ha limitado tu capacidad para trabajar, tienes derecho a una prestación económica que compense esa pérdida. Nuestro equipo de abogados laboralistas te acompaña en todo el proceso: desde la solicitud inicial ante el INSS hasta la vía judicial si es necesario.

La incapacidad permanente es uno de los procedimientos más técnicos del derecho laboral. Requiere conocer la legislación de Seguridad Social, saber interpretar informes médicos y anticiparse a los criterios que aplican los Equipos de Valoración de Incapacidades (EVI). Con despacho en Mataró y actuación en toda la provincia de Barcelona, en Bcngest Abogados llevamos años tramitando este tipo de expedientes con resultados contrastables.

¿Qué es la incapacidad permanente?

La incapacidad permanente es la situación del trabajador que, tras haber sido dado de alta médica, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Está regulada en el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

Es fundamental no confundirla con la incapacidad temporal (la «baja médica»), regulada en el artículo 169 LGSS. La incapacidad temporal es una situación transitoria: el trabajador está temporalmente impedido para trabajar y percibe un subsidio mientras se recupera. La incapacidad permanente, en cambio, implica que las lesiones o dolencias se han consolidado y no se espera curación o mejoría significativa.

La declaración de incapacidad permanente corresponde al INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), que emite una resolución administrativa tras recibir la propuesta del EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades). Este equipo, compuesto por médicos inspectores y otros profesionales, examina al trabajador y evalúa el alcance de sus limitaciones funcionales en relación con su profesión habitual o con cualquier actividad laboral.

El proceso puede iniciarse de varias formas:

• De oficio por el propio INSS, por ejemplo al agotar el período máximo de incapacidad temporal (545 días) o cuando el Inspector Médico detecta que las lesiones son previsiblemente definitivas.
• A instancia del trabajador, que puede presentar la solicitud directamente ante la Dirección Provincial del INSS.
• A instancia de la Mutua colaboradora con la Seguridad Social, cuando es la entidad que gestiona la prestación de incapacidad temporal.

En todos los casos, lo que se valora no es solo la enfermedad en sí, sino cómo afecta a la capacidad del trabajador para desempeñar su trabajo. Una misma patología puede dar lugar a grados distintos de incapacidad según la profesión del solicitante.

Grados de incapacidad permanente

La legislación española establece cuatro grados de incapacidad permanente, cada uno con un nivel de protección económica diferente. El grado que se reconozca depende de cómo las limitaciones del trabajador afectan a su capacidad laboral.

Incapacidad permanente parcial (IPP)

La incapacidad permanente parcial es el grado más leve. Se reconoce cuando el trabajador sufre una disminución igual o superior al 33% de su rendimiento en la profesión habitual, sin que las lesiones le impidan realizar las tareas fundamentales de dicha profesión.

La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado, es decir, un pago único equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que haya servido para calcular la prestación de incapacidad temporal. No es una pensión vitalicia: se cobra una sola vez.

Ejemplo práctico: un albañil que, tras un accidente, pierde movilidad parcial en un hombro. Puede seguir trabajando en la construcción, pero rinde un 40% menos en tareas que implican elevar cargas por encima de la cabeza. Se le reconocería una IPP.

Incapacidad permanente total (IPT)

La incapacidad permanente total inhabilita al trabajador para el desempeño de todas las tareas fundamentales de su profesión habitual, aunque puede dedicarse a otra distinta.

La prestación es una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora. Este porcentaje puede incrementarse al 75% cuando el trabajador tiene 55 años o más y no encuentra empleo efectivo por razón de su edad, falta de preparación general o especializada, o circunstancias del mercado de trabajo en su localidad. Esta modalidad se denomina IPT cualificada.

La IPT tributa en el IRPF como rendimiento del trabajo. Es compatible con el desempeño de otro empleo distinto al habitual.

Ejemplo: un conductor profesional de autobús al que se le diagnostica una epilepsia refractaria que le impide conducir. No puede ejercer su profesión habitual, pero podría trabajar en un puesto administrativo. Recibiría una IPT.

Incapacidad permanente absoluta (IPA)

La incapacidad permanente absoluta inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. No se refiere solo a su trabajo habitual, sino a cualquier actividad laboral, incluso sedentaria o liviana.

La prestación es una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora. Una ventaja relevante: la pensión de IPA está exenta de IRPF, lo que supone un ahorro fiscal significativo frente a la IPT.

A pesar de su nombre, la IPA no impide al trabajador realizar actividades que sean compatibles con su estado. La doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que el beneficiario de una IPA puede desempeñar ciertas tareas siempre que no impliquen un cambio en la capacidad de trabajo que motivó la declaración de incapacidad.

Ejemplo: una persona con esclerosis múltiple avanzada que presenta fatiga crónica severa, déficits cognitivos y limitaciones de movilidad que le impiden mantener cualquier jornada laboral, incluso a tiempo parcial y en puesto adaptado.

Gran invalidez (GI)

La gran invalidez es el grado más grave. Se reconoce cuando el trabajador, además de cumplir los requisitos de la IPA, necesita la asistencia de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida: vestirse, desplazarse, comer, asearse.

La prestación económica consiste en la pensión de IPA (100% de la base reguladora) más un complemento destinado a retribuir a la persona que atiende al beneficiario. Este complemento se calcula sumando:

• El 45% de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante.
• El 30% de la última base de cotización del trabajador.

En ningún caso el complemento puede ser inferior al 45% de la pensión que percibe el beneficiario.

Al igual que la IPA, la pensión de gran invalidez está exenta de IRPF.

Ejemplo: un trabajador que sufre un accidente de tráfico laboral que le provoca una lesión medular completa (paraplejía) y necesita ayuda diaria para vestirse, bañarse y desplazarse.

Requisitos para solicitar la incapacidad permanente

No basta con estar enfermo o lesionado para acceder a una incapacidad permanente. La Seguridad Social exige que se cumplan determinados requisitos administrativos y de cotización.

Requisitos comunes a todos los grados

• Estar afiliado y en alta en la Seguridad Social, o en situación asimilada al alta (por ejemplo, en desempleo involuntario, excedencia forzosa, o en el periodo de percepción de la prestación por desempleo). La IPA y la GI también pueden reconocerse desde una situación de no alta, pero exigiendo un periodo de cotización más largo (15 años, de los cuales al menos 3 en los últimos 10).
• No haber cumplido la edad de jubilación ordinaria, salvo que el trabajador no reúna los requisitos para acceder a la pensión de jubilación.

Período mínimo de cotización

El periodo de cotización exigido varía según la causa de la incapacidad:

Si la causa es accidente (laboral o no laboral): NO se exige período mínimo de cotización.

Si la causa es enfermedad profesional: NO se exige período mínimo de cotización.

Si la causa es enfermedad común (IPT, IPA, GI):

• Menor de 31 años: un tercio del tiempo transcurrido entre la fecha en que el trabajador cumplió 16 años y la del hecho causante.
• 31 años o más: un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años y la del hecho causante, con un mínimo de 5 años. De esos 5 años, al menos una quinta parte (1 año) debe haberse cotizado en los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

Para la IPP por enfermedad común: se exigen 1.800 días cotizados en los 10 años anteriores al hecho causante (art. 195.3 LGSS).

Estos requisitos son los que más problemas generan en la práctica, especialmente para trabajadores jóvenes con carreras de cotización discontinuas o para quienes llevan tiempo sin cotizar. Un abogado especialista puede identificar si existen situaciones asimiladas al alta (como periodos de desempleo no prestacional) que computen a efectos del periodo mínimo.

Procedimiento para solicitar la incapacidad permanente

El camino hacia el reconocimiento de una incapacidad permanente pasa por varias fases. En cada una de ellas, contar con asesoramiento jurídico especializado marca una diferencia sustancial.

Vía administrativa: solicitud ante el INSS

El primer paso es presentar la solicitud ante la Dirección Provincial del INSS en Barcelona, ubicada en la C/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11. También puede presentarse en los CAISS (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) de Mataró y otros municipios.

Documentación necesaria:

• DNI/NIE del solicitante.
• Informe médico detallado que describa las patologías, su carácter crónico o irreversible, y las limitaciones funcionales resultantes.
• Historial clínico completo: informes de especialistas, pruebas diagnósticas (resonancias, TAC, electromiografías, etc.), informes de urgencias.
• Informe de vida laboral actualizado (se obtiene en la sede electrónica de la TGSS).
• Si la causa es accidente laboral: parte de accidente de trabajo y resolución de determinación de contingencia.

Una vez presentada la solicitud, el EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) cita al trabajador para un reconocimiento médico. Tras la exploración, emite un dictamen-propuesta que recoge las patologías acreditadas, las limitaciones funcionales del trabajador y el grado de incapacidad que propone.

El Director Provincial del INSS dicta resolución en un plazo máximo de 135 días hábiles desde la solicitud (art. 6.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio). Si no resuelve en ese plazo, opera el silencio administrativo negativo: la solicitud se entiende denegada.

Reclamación previa (obligatoria antes de acudir a los tribunales)

Si el INSS deniega la incapacidad o reconoce un grado inferior al que el trabajador considera correcto, el siguiente paso es interponer reclamación previa en vía administrativa.

El plazo para presentarla es de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución del INSS. La reclamación previa es un requisito obligatorio antes de acudir a la vía judicial: no se puede demandar directamente al INSS sin haberla agotado.

El INSS tiene 45 días para resolver la reclamación previa. Si no la resuelve en ese plazo, se entiende desestimada por silencio, y se abre la vía judicial.

Es un momento clave del proceso. En la reclamación previa se pueden aportar nuevos informes médicos, corregir defectos de la documentación inicial y argumentar jurídicamente por qué las limitaciones del trabajador justifican el grado solicitado.

Vía judicial: demanda ante el Juzgado de lo Social

Si la reclamación previa se desestima (expresa o tácitamente), el trabajador puede presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.

El plazo para demandar es de 30 días hábiles desde la notificación de la desestimación de la reclamación previa o desde que se entienda desestimada por silencio. Dejar pasar este plazo supone perder el derecho a reclamar, por lo que es crítico controlarlo.

La competencia territorial corresponde al Juzgado de lo Social del lugar de domicilio del demandante. En la provincia de Barcelona, los juzgados se distribuyen entre Barcelona capital (Juzgados de lo Social n.º 1 a 33), Mataró, Hospitalet de Llobregat, Granollers, Sabadell, Terrassa y otros partidos judiciales.

En el juicio oral, el trabajador puede proponer prueba pericial médica: un perito médico independiente que valore sus limitaciones funcionales. El juez también puede solicitar informe al médico forense adscrito al juzgado.

La sentencia puede:

• Confirmar la resolución del INSS (denegar la incapacidad).
• Reconocer el grado de incapacidad solicitado por el trabajador.
• Reconocer un grado superior al solicitado (el principio iura novit curia permite al juez otorgar un grado mayor si la prueba lo justifica).

Si la sentencia es desfavorable, cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con sede en Barcelona.

La base reguladora: cómo se calcula la pensión

La cuantía de la pensión de incapacidad permanente depende de la base reguladora, que se calcula de forma distinta según la causa de la incapacidad:

IPP, IPT, IPA o GI por enfermedad común:

Se toma la media de las bases de cotización de los 96 meses anteriores (8 años) al hecho causante. Las bases de los últimos 24 meses se computan por su valor nominal; las anteriores se actualizan con el IPC. El resultado se divide entre 112.

Por accidente no laboral:

La base reguladora se calcula tomando la media de las bases de cotización de 24 meses consecutivos, a elección del interesado, dentro de los 7 años inmediatamente anteriores al hecho causante.

Por accidente de trabajo o enfermedad profesional:

La base reguladora se calcula sobre el salario real del trabajador en el mes anterior al accidente, incluyendo la prorrata de pagas extraordinarias y la media de las horas extraordinarias realizadas en el año anterior.

Fiscalidad:

• Las pensiones de IPA y GI están exentas de IRPF (art. 7.f) de la Ley 35/2006 del IRPF).
• La pensión de IPT tributa como rendimiento del trabajo en el IRPF.
• La indemnización por IPP también tributa.

Revisión de grado e incapacidad permanente revisable

La resolución del INSS que reconoce una incapacidad permanente puede establecer un plazo de revisión, que generalmente es de 2 años desde la fecha de la resolución. Durante ese plazo, la situación del trabajador se considera provisional.

Causas que pueden motivar la revisión:

• Agravación del estado de salud del trabajador (ej: progresión de una enfermedad neurodegenerativa).
• Mejoría del estado del trabajador (ej: recuperación funcional tras una intervención quirúrgica).
• Error de diagnóstico en el dictamen original del EVI.

La revisión puede iniciarse de oficio por el INSS o a instancia del trabajador. Si el trabajador considera que su estado ha empeorado, puede solicitar la revisión para obtener un grado superior.

Efectos de la revisión:

• Si se revisa al alza (ej: de IPT a IPA): la prestación se incrementa automáticamente.
• Si se revisa a la baja (ej: de IPA a IPT): la prestación se reduce, pero el trabajador tiene derecho a una indemnización compensatoria por la diferencia.
• Si se extingue la incapacidad: cesa la prestación, y el trabajador tiene derecho preferente a su reincorporación en la empresa si el puesto está vacante.

Una vez transcurrido el plazo de revisión sin que el INSS inicie el procedimiento, la incapacidad se considera definitiva. Aún así, sigue siendo revisable por agravación o mejoría en cualquier momento, pero la carga de la prueba es mayor.

Compatibilidad de la pensión de incapacidad con el trabajo

Una duda muy frecuente entre nuestros clientes es si pueden trabajar mientras cobran una pensión de incapacidad permanente. La respuesta depende del grado:

IPP: es compatible con cualquier trabajo, incluido el mismo puesto en la misma empresa.

IPT: es compatible con otro trabajo distinto a la profesión habitual (artículo 198 LGSS). Si el trabajador con IPT por conductor encuentra empleo como administrativo, puede cobrar ambos ingresos sin problema. Lo que no puede hacer es volver a conducir profesionalmente.

IPA: la doctrina del Tribunal Supremo ha establecido que la IPA es compatible con actividades que sean compatibles con el estado del incapacitado, siempre que no impliquen un cambio en la capacidad de trabajo que motivó la declaración. En la práctica, se toleran trabajos marginales o de baja exigencia, pero un empleo a jornada completa podría dar lugar a una revisión de oficio.

GI: las mismas reglas que la IPA. El complemento de gran invalidez se mantiene mientras persista la necesidad de asistencia de tercera persona, con independencia de que el beneficiario realice alguna actividad laboral compatible.

Importante: si el INSS detecta que un beneficiario de IPT, IPA o GI está realizando actividades incompatibles con su grado de incapacidad, puede iniciar un procedimiento de revisión de oficio que podría reducir o extinguir la prestación. Por ello, es esencial consultar con un abogado antes de aceptar cualquier empleo.

Enfermedades y patologías más frecuentes que dan lugar a incapacidad permanente

No existe un listado cerrado de enfermedades que den derecho automático a una incapacidad permanente. Cada caso se valora individualmente, considerando las limitaciones funcionales concretas del trabajador y su repercusión sobre su capacidad laboral. No obstante, hay patologías que, por su naturaleza, generan un alto porcentaje de resoluciones favorables:

Enfermedades del aparato locomotor:

• Hernias discales múltiples con radiculopatía crónica.
• Artrosis severa (especialmente de columna, rodillas y caderas).
• Fibromialgia severa: el Tribunal Supremo ha reconocido la IPT por fibromialgia en su sentencia de 14 de febrero de 2018, consolidando una línea jurisprudencial que reconoce la incapacidad cuando la fibromialgia, combinada con otras patologías, impide de forma efectiva la realización de las tareas fundamentales de la profesión habitual.
• Lesión del manguito rotador con limitación funcional crónica.

Enfermedades mentales:

• Depresión mayor resistente al tratamiento.
• Trastorno bipolar tipo I con episodios frecuentes.
• Esquizofrenia y trastornos psicóticos.
• Trastorno de estrés postraumático grave.

Enfermedades cardiovasculares:

• Cardiopatía isquémica con fracción de eyección reducida.
• Insuficiencia cardíaca crónica grados III-IV NYHA.
• Arritmias graves no controlables con medicación.

Enfermedades oncológicas:

• La incapacidad se valora en función de las secuelas post-tratamiento: linfedema crónico, fatiga oncológica persistente, neuropatía periférica por quimioterapia, deterioro cognitivo (chemobrain).
• Tumores con mal pronóstico o recidivas frecuentes.

Patologías neurológicas:

• Esclerosis múltiple (especialmente formas progresivas).
• Esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
• Enfermedad de Párkinson con limitación funcional significativa.
• Epilepsia refractaria al tratamiento.

Insistimos: el reconocimiento de la incapacidad depende siempre de la valoración funcional individualizada, no del nombre de la enfermedad. Dos personas con la misma patología pueden obtener grados distintos (o ninguno) según cómo afecte a su trabajo concreto.

Incapacidad permanente derivada de accidente laboral frente a enfermedad común

El origen de la incapacidad permanente —accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral o enfermedad común— no solo determina los requisitos de cotización, sino que influye directamente en la cuantía de la prestación, en las responsabilidades empresariales y en la posibilidad de obtener indemnizaciones adicionales.

Diferencias principales en función del origen

Cotización previa: cuando la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, no se exige período mínimo de cotización. En cambio, si la causa es enfermedad común, el trabajador debe acreditar un número mínimo de días cotizados que varía según su edad y el grado solicitado. Esta diferencia es crítica para trabajadores jóvenes o con carreras de cotización discontinuas.

Base reguladora: en accidente laboral o enfermedad profesional, la base reguladora se calcula sobre el salario real íntegro del trabajador (incluyendo horas extraordinarias, complementos y prorrata de pagas extra), lo que generalmente arroja una prestación más alta. En enfermedad común, el cálculo parte de la media de las bases de cotización de un período prolongado, que suele ser inferior al salario real.

Recargo de prestaciones: si la incapacidad tiene origen laboral y el accidente o enfermedad profesional se produjo por falta de medidas de seguridad en la empresa, el trabajador puede solicitar un recargo de prestaciones de entre el 30% y el 50% sobre la cuantía de la pensión. Este recargo recae exclusivamente sobre el empresario infractor (no lo cubre la Seguridad Social) y es compatible con la indemnización civil por daños y perjuicios.

Indemnización adicional: además de la pensión del INSS, cuando la incapacidad deriva de un accidente laboral con culpa empresarial, el trabajador puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios ante la jurisdicción social. Esta indemnización cubre el daño biológico, funcional, moral y, en su caso, el lucro cesante.

Responsabilidad de la Mutua: en contingencia profesional, la Mutua colaboradora con la Seguridad Social asume un papel más relevante: gestiona la prestación económica, la asistencia sanitaria y la rehabilitación. En contingencia común, la gestión corresponde al INSS y al servicio público de salud.

Un abogado especialista en incapacidad permanente evalúa desde el inicio cuál es el encuadramiento correcto de la contingencia (laboral o común), ya que una determinación errónea puede suponer una diferencia significativa en la prestación final.

Incapacidad permanente para trabajadores autónomos

Los trabajadores por cuenta propia encuadrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tienen derecho a las mismas prestaciones de incapacidad permanente que los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, existen particularidades prácticas que conviene conocer.

Cotización y base reguladora: la base reguladora del autónomo se calcula sobre las bases por las que haya cotizado efectivamente, no sobre su facturación o ingresos reales. Históricamente, muchos autónomos han cotizado por la base mínima para reducir costes, lo que resulta en pensiones considerablemente más bajas que las de los asalariados. Es una decisión que tiene consecuencias directas cuando surge la necesidad de una incapacidad permanente.

Cese de actividad: para que el autónomo pueda acceder a determinados grados de incapacidad (IPT, IPA, GI), no es necesario que haya cesado previamente en su actividad, pero la resolución del INSS que reconozca la incapacidad implicará la baja en el RETA y el cese en la actividad económica, salvo en los supuestos de compatibilidad legalmente previstos.

El concepto de «profesión habitual» del autónomo: en la incapacidad permanente total, lo que se valora es la imposibilidad de ejercer la profesión habitual. Para un autónomo, determinar cuál es exactamente su profesión habitual puede ser más complejo que para un asalariado con un puesto definido. Se atiende al epígrafe del IAE en el que está dado de alta, a la actividad que consta en su alta en el RETA y a la actividad que realmente desarrolla.

Autónomos económicamente dependientes (TRADE): el autónomo que depende económicamente de un solo cliente tiene una posición jurídica especial. En materia de incapacidad permanente, sus derechos son equivalentes a los del autónomo ordinario, pero puede existir responsabilidad del cliente principal si la incapacidad deriva de las condiciones en que se prestaba el servicio.

En Bcngest Abogados tramitamos incapacidades permanentes tanto para asalariados como para autónomos, adaptando la estrategia a las particularidades de cada régimen de cotización.

Incapacidad permanente y jubilación

La relación entre incapacidad permanente y jubilación genera dudas frecuentes, especialmente entre trabajadores de edad avanzada que no saben si les conviene solicitar una u otra prestación.

Conversión automática al cumplir la edad de jubilación: cuando el beneficiario de una incapacidad permanente (IPT, IPA o GI) alcanza la edad ordinaria de jubilación, la pensión de incapacidad se convierte automáticamente en pensión de jubilación, sin que el trabajador tenga que solicitarlo. La cuantía no se reduce: se mantiene en el mismo importe que venía percibiendo.

¿Conviene más solicitar incapacidad o esperar a la jubilación? Depende de cada caso concreto. La pensión de jubilación se calcula sobre las bases de cotización de los años previos y requiere un mínimo de años cotizados. La incapacidad permanente, en cambio, puede dar lugar a una prestación del 100% de la base reguladora (IPA) o incluso superior (GI con complemento). Para trabajadores que no van a reunir suficientes años cotizados para una jubilación completa, la incapacidad permanente puede ser económicamente más favorable.

Jubilación anticipada por discapacidad: los trabajadores con un grado de discapacidad reconocido pueden acceder a la jubilación anticipada en las condiciones establecidas por la normativa vigente. Esta vía es diferente a la incapacidad permanente (que valora la capacidad laboral, no el grado de discapacidad), pero ambas pueden coexistir.

Cotización durante la incapacidad: mientras el trabajador percibe una pensión de incapacidad permanente, el período se considera como cotizado a efectos de jubilación. Si además trabaja en una actividad compatible, esas cotizaciones adicionales también computan.

La importancia del informe pericial médico

En los procedimientos de incapacidad permanente, la prueba médica es la prueba reina. El resultado del proceso depende en gran medida de la calidad y solidez de la documentación clínica que se presente.

Informes del sistema público de salud: los informes de atención primaria, especialistas del hospital y urgencias constituyen la base del expediente. Sin embargo, estos informes suelen limitarse a describir la patología sin entrar en cómo afecta a la capacidad laboral concreta del paciente, que es lo que realmente valora el EVI.

El perito médico privado: en muchos casos, es determinante aportar un informe pericial médico privado elaborado por un especialista en valoración del daño corporal. A diferencia de los informes clínicos, el dictamen pericial se centra específicamente en las limitaciones funcionales: qué movimientos no puede realizar el trabajador, qué esfuerzos están contraindicados, cuánto tiempo puede mantener una postura, qué tareas de su profesión habitual le resultan imposibles o peligrosas.

Cuándo es imprescindible el perito:

• Cuando el INSS ha denegado la incapacidad en vía administrativa y se va a acudir al juzgado.
• Cuando el grado reconocido es inferior al que corresponde según las limitaciones reales del trabajador.
• Cuando la patología es difícil de objetivar (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, trastornos de salud mental), y se necesita un informe que vincule los síntomas con la incapacidad funcional.
• Cuando hay discrepancia entre los informes del servicio público de salud y el dictamen del EVI.

El médico forense del juzgado: en fase judicial, el juez puede solicitar un informe al médico forense adscrito al Juzgado de lo Social. Este informe tiene un peso relevante en la sentencia, pero no es vinculante: el juez valora la prueba en su conjunto.

En Bcngest Abogados trabajamos con peritos médicos de confianza especializados en valoración del daño corporal, cuya experiencia en procedimientos de incapacidad ante los Juzgados de lo Social de Barcelona y Mataró refuerza la solidez del expediente.

¿Por qué Bcngest Abogados para tu incapacidad permanente?

La tramitación de una incapacidad permanente no es un trámite sencillo. El INSS deniega un porcentaje elevado de solicitudes en primera instancia, y sin un abogado especialista, muchos trabajadores con derecho a prestación renuncian tras la primera denegación.

En Bcngest Abogados ofrecemos:

• Valoración inicial sin compromiso de tu caso: analizamos tus informes médicos, tu vida laboral y tus posibilidades reales de obtener la incapacidad.
• Preparación completa del expediente: redactamos la solicitud, recopilamos y organizamos la documentación médica, y coordinamos con peritos médicos si es necesario.
• Defensa en vía administrativa y judicial: reclamación previa, demanda ante el Juzgado de lo Social, y recurso de suplicación ante el TSJ de Cataluña si procede.
• Seguimiento personalizado: te mantenemos informado en cada fase del proceso.

Nuestro despacho está en Carrer de Lepant, 264, Mataró. Atendemos en Mataró y en toda la provincia de Barcelona.

Si crees que tu estado de salud te impide trabajar, no esperes. Llámanos al 937 908 525 o envíanos un mensaje por WhatsApp. La primera consulta es sin compromiso.

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